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En la SENIT 8 de 2025 de la JEP, se establecen reglas sobre las obligaciones del Estado y los comparecientes en materia de reparación, así como, las competencias de la SDSJ para evaluar y graduar el compromiso con el cumplimiento del régimen de condicionalidad estricto (RCE). Consolida la centralidad del daño y la participación de las víctimas en la justicia transicional y en la ruta no sancionatoria.

La sentencia SU 545 de 2023, notificada el 9 de abril de 2024, tuteló los derechos fundamentales de las comunidades campesinas vinculadas al PNIS en los municipios de Tibú y Sardinata, en el departamento de Norte de Santander, población que ha sufrido consecuencias socioeconómicas y humanitarias como consecuencia de los retrasos e incumplimientos de los componentes del programa. El núcleo Caño Indio en Tibú, conformado por cuatro veredas, es el primer plan piloto de sustitución en el departamento, con 347 familias beneficiarias que llevan siete años esperando la implementación del proyecto productivo y la formalización de la tierra, componentes fundamentales para garantizar la transición a cultivos legales.

La Jurisdicción Especial para la Paz- JEP con competencia en la investigación de patrones macrocriminales en el marco o con ocasión del conflicto armado; investiga, juzga y sanciona responsables. Esta instancia dispone de un componente restaurativo hacia la reparación colectiva de las víctimas allí acreditadas como intervinientes especiales. Para ello, familiares representados en el subcaso Norte de Santander, macro caso oo3: Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por Agentes del Estado. Presentan la propuesta alternativa y complementaria: "Legado común para un futuro estable de memoria y dignidad. Trabajos, obras y actividades con contenido reparador- TOAR. Espacios físicos y móviles, rurales y urbanos con funciones socioeconómicas, humanitarias y de memoria".