SENIT 8 de 2025: estándares para la reparación integral en la ruta no sancionatoria de la JEP

En la Sentencia Interpretativa TP-SA SENIT 8 de 2025, la Sección de Apelación (SA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolvió recursos interpuestos, entre otras, por esta representación judicial, contra decisiones de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) que habían vinculado a comparecientes no seleccionados como máximos responsables al proyecto Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador- restaurador (TOAR).

La SENIT 8 establece reglas sobre las obligaciones del Estado y los comparecientes en materia de reparación, así como, las competencias de la SDSJ para evaluar y graduar el compromiso con el cumplimiento del régimen de condicionalidad estricto (RCE). Consolida la centralidad del daño y la participación de las víctimas en la justicia transicional y en la ruta no sancionatoria.

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1. Obligaciones del Estado y de los comparecientes

El Estado debe implementar política pública que permita a los comparecientes ante la JEP cumplir con su obligación de contribuir a la reparación. El Gobierno Nacional debe garantizar la oferta institucional de planes, programas y proyectos de reparación a víctimas del conflicto armado en desarrollo de la Ley 1448 de 2011, el SNARIV, y en el marco del Acuerdo Final de Paz, en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC).

Los comparecientes en la JEP, en cumplimiento del régimen de condicionalidad estricto, tienen la obligación de contribuir a la reparación de las víctimas y a la restauración del daño causado.

Se han presentado retrasos y dificultades en la implementación del Sistema Restaurativo de la JEP en razón a:

i) la insuficiente articulación interinstitucional;

ii) la falta de claridad en la distribución de competencias institucionales en la Rama Ejecutiva para la implementación de las actividades restaurativas;

iii) la ausencia de identificación, adecuación e implementación de la oferta gubernamental para hacer cumplir las medidas referidas, en el marco de las funciones jurisdiccionales de la JEP”;

iv) la falta de participación de las víctimas en la estructuración y ejecución de los TOAR, que da lugar a esta decisión; y

v) la ausencia de financiación por parte del Gobierno a los proyectos restaurativos que ya cuentan con estudio de viabilidad.

Mediante el Acuerdo AOG No. 006 del 13 de febrero de 2025, se establecen los “(…) lineamientos y criterios para el desarrollo de la Ruta de Articulación Interna en la identificación, impulso y materialización de iniciativas, planes, programas y proyectos restaurativos (IPPPR) atendiendo a las necesidades de los procesos judiciales”. Este Acuerdo fija las instancias de articulación interna, principios, criterios y rutas para el trámite de dichas iniciativas.

2. Facultades de la SDSJ y criterios para valorar el RCE y graduar obligaciones

La SDSJ debe definir la ruta procesal aplicable, esta podrá ser:

• Otorgamiento del tratamiento penal definitivo no sancionatorio, cuando el compareciente haya cumplido integralmente el RCE.
• Imposición de obligaciones adicionales de reparación para acceder o mantener el beneficio, si el aporte de verdad o reparación es insuficiente.
• Negación del beneficio y adopción de otras medidas procesales cuando haya incumplimiento del Régimen de Condicionalidad Estricto.

Para definir el alcance del RCE y graduar sus condiciones, deberá evaluar la eficacia de la contribución del compareciente y su grado de compromiso con el Sistema Integral, pudiendo imponer condiciones de mayor intensidad para acceder o mantener beneficios; y otorgar el beneficio definitivo a quienes cumplan el estándar de mayor intensidad. Considerará:

• Presentación oportuna y ajustada del Compromiso Claro, Concreto y Programado (CCCP).
• Exhaustividad del aporte a la verdad plena según su situación jurídica.
• Colaboración valiosa con los mecanismos del Sistema Integral para la Paz.
• Atención oportuna a requerimientos de magistratura y víctimas.
• Participación activa en actos reparadores, preferiblemente en zonas de los hechos o con alta concentración de víctimas.
• Acatamiento de decisiones judiciales en la justicia transicional.
• Valorar los aportes a la verdad antes de definir las obligaciones reparadoras, para determinar si se requiere un aporte adicional.

3. Vinculación excepcional a un TOAR

Los Trabajos, Obras o Actividades con contenido Reparador (TOAR) se reservan, por regla general, a las sanciones propias.

La SDSJ podrá vincular excepcionalmente a comparecientes no seleccionados para acceder o mantener beneficios definitivos, considerando:

• Elemento cuantitativo: número de hechos y víctimas.
• Elemento cualitativo: gravedad y representatividad de los hechos, y circunstancias de vulnerabilidad de las víctimas con enfoque interseccional.

Criterios de exclusión:

• Procesamiento por un único hecho (optando por medidas distintas a TOAR).
• Limitaciones físicas o cognitivas que impidan el cumplimiento.
• Otros criterios que aseguren eficacia y celeridad, como condiciones socioeconómicas o familiares.

4. Valoración del daño, correspondencia entre reparación y daño causado, y garantías para la participación de las víctimas

• Las obligaciones de reparación bajo el RCE deben fundamentarse en el daño causado.
• La SDSJ debe partir de lo establecido por la SRVR sobre el daño y considerar acreditados a los intervinientes especiales del macrocaso.
• Se evaluarán: núcleo del daño, delitos principales, perfiles de víctimas, afectaciones, derechos vulnerados, territorios afectados, persistencia de factores de violencia y pobreza.
• Debe existir proximidad territorial entre el daño y las medidas reparadoras.
• La SDSJ puede recurrir a análisis de macrovictimización, encargando estos estudios al Grupo de Análisis de la Información (GRAI) de la JEP.
• La participación de las víctimas debe ser efectiva, continua y transversal, desde la estimación del daño hasta la graduación del RCE.